A- de 2023

Conflicto de competencias en materia de acción de tutela, suscitado entre la Sección Quinta del Consejo de Estado y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.

Encontró la Corte que en este caso sólo se presentó un conflicto aparente de competencia, en la medida en que ambos despachos rechazaron la competencia por normas de reparto, en particular, las del artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

Además de lo anterior, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de la decisión de primera instancia, proferida por la Sala de Casación Penal, tomando en consideración el precitado Decreto.

Concluyó la Corte que la autoridad competente para conocer la impugnación formulada es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que la Sala Penal de dicha Corporación asumió el conocimiento de la misma en primera instancia y, en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis, la competencia quedó radica en cabeza de ese órgano judicial.

Por lo anterior, se ordenó el envío del expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para que, de manera inmediata, tramite la impugnación y adopte la decisión que haya lugar.

En relación con los memoriales remitidos a la Corporación por el accionante, en los que expresaba que desistía de tres denuncias penales algunos funcionarios judiciales y requirió su incorporación al expediente de la referencia para que fueran tenidas como pruebas en el proceso de tutela, y que desistía de varias acciones de tutela e incidentes de desacatos por él promovidos, al igual que del presente conflicto de competencia, la Sala Plena declaró la improcedencia de la primera petición y su inhibición para decidir respecto de la segunda.